Dragon Mart “busca equivocadamente intimidar” al CEMDA
El fin de semana el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que recibió una carta en la que se le busca intimidar por el proyecto comercial Dragon Mart Cancún. La organización informó, a través de un comunicado de prensa, que la empresa que promueve este desarrollo amenazó con proceder de manera legal si no se “rectifican en menos de cuatro días las declaraciones públicas” que miembros del CEMDA han realizado sobre el proyecto.
El CEMDA expresó que el pasado 10 de diciembre una persona, que se dijo director de Real Estate Dragon Mart Cancún S.A. de C.V., se presentó en las oficinas de la organización para entregar una carta en la que solicitaba se detuvieran los actos que se han venido haciendo en contra del proyecto. Si bien el Centro de Derecho Ambiental apunta que la empresa está en toda libertad de proceder de la forma que más le convenga, Gustavo Alanís Ortega, director del CEMDA, señaló que “Dragon Mart busca equivocadamente intimidar a nuestra organización, la cual no busca más que la defensa legal de los recursos naturales de México, el respeto al marco jurídico ambiental, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental así como la protección de los derechos humanos y ambientales consagrados constitucionalmente”.
Alanís Ortega agregó que las autoridades están obligadas a garantizar el accionar de los defensores de los derechos humanos, “cualquier amenaza en contra de los defensores que quede en la impunidad inhibe a la población del ejercicio de este derecho”.
La actuación del CEMDA en este caso –realizada a petición de la comunidad del municipio de Benito Juárez- se ha centrado en la falta de información y de transparencia en la evaluación de impacto ambiental y en la falta de cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio. Un ejemplo de ello, el porcentaje de desmonte permitido por la Unidad de Gestión Ambiental en donde se pretende levantar este proyecto.
Sobre los actos de intimidación, el director del CEMDA recordó que es una obligación constitucional para las autoridades garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos. En este sentido, solicitó a los tres niveles de gobierno “velar por la integridad física de cada uno de los integrantes del CEMDA-Quintana Roo”.
«Independientemente de lo que nosotros hagamos o digamos, los promoventes no deberían de temer o estar preocupados por la viabilidad de su proyecto si es que el mismo cumple con todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables”, afirmó Gustavo Alanís.
Frente a estas amenazas, el CEMDA ha recibido el apoyo de más de cien organizaciones, cámaras de comercio y personas involucradas con el tema. Estas muestras de apoyo piden a las autoridades que se garantice el derecho de la sociedad civil a expresar su opinión y ser consultadas al respecto de los temas que los afectan. Asimismo, el CEMDA señala que las organizaciones que han manifestado su oposición a este proyecto, lo han hecho no solamente por las implicaciones en materia ambiental, sino por los impactos económicos y sociales que el desarrollo tendría a nivel nacional.