México haz algo

Algunos aspectos contenidos en la reforma energética ponen en riesgo a las áreas sin planes de manejo en el país y atentan contra los derechos humanos y sociales. Así lo advirtieron especialistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) durante una conferencia de prensa.

Y es que las propuestas para las leyes secundarias dan preferencia a los beneficios económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía; por lo que suponen focos rojos en temas como el combate al cambio climático, la promoción de las energías renovables, la fracturación hidráulica, el derecho a la consulta y participación, así como los derechos al agua y a un medio ambiente sano.

Carlos Tornel, analista de Políticas Públicas de Cemda, advirtió que para evitar impactos sociales negativos es necesario establecer un marco para diseñar una política socioambiental donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas.

“La relación agua-energía es muy estrecha pues todas las fuentes de energía –la electricidad entre ellas– utilizan agua en todas las fases de su proceso productivo, y el paquete energético tiene importantes consecuencias en el uso y aprovechamiento del agua”, explicó.

Aun cuando, la reforma de febrero 2012 al artículo cuarto constitucional, para garantizar el derecho humano al agua, ordenaba la publicación de una Ley General de Aguas dentro de los 360 días siguientes, no ha sucedido y, además, se pretende reformar la vigente Ley de Aguas Nacionales; lo que implica un mensaje de que el Estado está ignorando su deber de proteger, garantizar y respetar este derecho.

En particular, las organizaciones alertan que la reforma energética hace que los hidrocarburos sean considerados de gran utilidad estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelo. No obstante, esto afectaría a personas como agricultores, ganaderos, comunidades, pueblos indígenas y comunidades forestales; asimismo, zonas como corredores biológicos quedan en riesgo.

Según agregó el analista de Cemda, los derechos a la propiedad se verían afectados, al suponer que los dueños de las tierras no tienen opciones para no venderla y están obligados a someterse a la compraventa de la tierra o, en su caso, al establecimiento de una servidumbre legal ya sea a través de una mediación entre las partes o por medio de una sentencia judicial.

En este sentido, para brindar certidumbre jurídica para los involucrados, así como evitar poner en riesgo la política ambiental del país, resulta fundamental que las leyes se sujeten al aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, al cumplimiento de los usos de suelo, a los criterios ecológicos establecidos en los programas de ordenamiento ecológico y en los planes de manejo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Por su parte, el artículo séptimo de Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ANSIPA) también resulta una amenaza debido a que tendría la facultad de autorizar en materia de impacto ambiental en los casos de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; así como obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, litorales o las zonas federales».

La directora de la AEAEE, explicó que el sector energético es el principal emisor de Gases Efecto Invernadero (GEI) en México; sin embargo, hoy, crecer económicamente cuesta más energía que hace 10 años y de continuar con ese nivel de intensidad energética, la demanda total podría aumentar en más de un 50 por ciento.

“(…) es necesario que el gobierno federal trabaje con los municipios para promover programas locales de eficiencia energética y que se convierta en un ejemplo al transformar todos sus edificios y flotillas en eficientes energéticamente”, apuntó.

«México tan sólo cuenta con una capacidad de generación de 4.2 por ciento de su energía (2012) por medio de fuentes renovables y para cumplir con las metas de transición energética intermedias para el 2024, debe incrementar en 15.1 por ciento su capacidad de generación y en un 18.5 por ciento su capacidad instalada”.

A pesar de esto, las propuestas de leyes secundarias no han retomado de manera efectiva estas metas, por lo que aprobarlas sin incluir una política climática y privilegiando la extracción de hidrocarburos del subsuelo, representaría un serio retroceso y desarmonización de los compromisos legales a nivel nacional e internacional.

Por último, se hizo hincapié en el tema de la fracturación hidráulica. Diversos estudios han determinado que el “fracking” tiene impactos ambientales, como el manejo de millones de litros de agua para fracturar la roca con la presión necesaria; la contaminación de las fuentes de agua y del subsuelo por la acción de aditivos químicos nocivos y el deterioro de la calidad del aire, por mencionar sólo algunos de ellos.

De manera que la extracción de hidrocarburos no convencionales como el gas de lutitas, puede obstaculizar la transición energética hacia una matriz sustentable y no traer beneficios claros al país.

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