México haz algo

Pescadores del Alto Golfo de California, residentes de las localidades de San Felipe y Santa Clara, dejarán temporalmente sus actividades pesqueras. Gracias a un convenio que será firmado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cooperativas de pescadores en la zona y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), durante los dos próximos años no podrá ejercerse la pesca a fin de proteger a la marsopa mexicana, mejor conocida como vaquita marina.

El documento titulado «Acuerdo por el que se suspende la pesca mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres en el norte del Golfo de California» todavía no es firmado por las autoridades correspondientes, pero se piensa que podría entrar en a partir del 1 de marzo.

El convenio busca compensar económicamente a los pescadores, permisionarios (dueños de permisos, pero que no salen a pescar) y a la cadena productiva (mecánicos de pangas, comercializadores, constructores de redes, mano de obra, etc.) para que durante ese periodo cesen su actividad económica y se brinde protección a la vaquita marina, cuya desaparición se ha estimado pudiera ocurrir en 2018, de acuerdo con el informe del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) dado a conocer en 2014, y que ha fungido como el eje principal en pro de la conservación de la marsopa.

El presupuesto de la iniciativa será distribuido entre los beneficiarios del acuerdo, el cual suma mil 36 millones 371 mil 252 pesos por los dos años de veda. Anualmente, se gastarán 518 millones 185 mil 627 pesos que serán repartidos en 271 millones 48 mil 867 pesos para la compensación de permisionarios, 135 millones 524 mil 433 pesos para pescadores y 83 millones 402 mil 327 pesos para la cadena productiva.

Asimismo, se han previsto 28 millones 210 mil pesos para el programa de vigilancia comunitaria, que implica 35 salidas de inspección por panga al año. Lo anterior se suma a la vigilancia adicional proporcionada por PROFEPA, que asegura contar con tres aviones no tripulados (drones), lanchas equipadas para reconocimiento nocturno y la vigilancia habitual que se lleva a cabo en la región.

Versiones de las federaciones pesqueras indican que la compensación a permisionarios, a la vigilancia y el recurso para la cadena productiva será entregado a las cooperativas pesqueras de ambas zonas, mientras que los pescadores recibirán bimestralmente un depósito en cuenta bancaria.

Datos del INEGI muestran que San Felipe cuenta con 16 mil 702 habitantes y el Golfo de Santa Clara con tres mil 967. A pesar de contar con menos población, los permisos de pesca se concentran en Santa Clara, que posee 860, en contraste con San Felipe que cuenta con 494 permisionarios, que prácticamente estarán paralizados durante el periodo del acuerdo.

Adicional a las tareas de vigilancia comunitaria, no se contempla ninguna otra actividad para los pescadores que se quedarán en casa, para las mujeres que dejarán de cortar cabeza de camarón, para los mecánicos que no repararán lanchas, ni para nadie relacionado con la actividad pesquera.

Los pescadores o cooperativas no han firmado con anterioridad algún documento que contemple el fomento benéfico del tejido social. Con ello, dos mil 500 familias de pescadores, más la cadena productiva (cerca de mil familias en el caso de San Felipe y casi toda la población del Golfo de Santa Clara) quedarán en el ocio.

Alejandro Olivera, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), cree que el acuerdo es una medida paliativa, pues podría traer conflictos inminentes dentro de las comunidades afectadas.

«Parece que está hecho sobre la marcha, llega mucho dinero, se va a repartir, pues hay conflictos ya en las comunidades […] Eso puede traer una problemática social. Por eso es necesario seguir probando nuevas artes de pesca», destacó.

La preocupación mayor con este decreto es que cada pescador y permisionario aún tendrá en su poder las redes, pangas y todas las herramientas pesqueras, ya que no les serán retiradas.

Olivera agregó que es imperante garantizar que los pescadores dejen de pescar en el área porque en otras ocasiones se han otorgado o comprado permisos, y regresan a hacer su actividad de forma ilegal; por ello el mismo comité nacional ha recomendado consignar las redes durante este periodo, así como reforzar la vigilancia, con miras a la recuperación de la vaquita.

Pese a esto, no se contempla en ningún documento firmado por los involucrados la construcción de esta política de confiscar redes como una medida de seguridad, pues quizás generaría disputas el retirarle algo a los pescadores que es de su propiedad.

Aunado a esta situación, un estudio del CIRVA señala una amenaza inminente para la marsopa: la pesca ilegal de totoaba. Esta práctica (que los pescadores describen como de vida o muerte) se realiza para extraer la vejiga (o «buche») de este pez, la cual es vendida hasta por nueve mil dólares a compradores chinos, quienes la comercializan como una sopa afrodisiaca en el país asiático.

La totoaba es otra especie clasificada en peligro de extinción, pero pescadores de la zona afirman que se ha reproducido y esto ha llevado al incremento de su pesca ilegal.

Rafael Pachianno, subsecretario de SEMARNAT, asegura que legalizar la pesca de la totoaba para poder regular sus redes y evitar así que los pescadores sean seducidos por esta actividad no sería la solución, pues no se han realizado estudios recientes sobre la población actual de la totoaba que culminen en determinar que el animal está fuera de peligro.

Por su parte Alejando Del Mazo, de PROFEPA, dijo que esta decisión podría perjudicar a la especie. «Sería bueno seguir haciendo estudios de la recuperación de la población de la totoaba porque sí se ha recuperado, pero eso no quiere decir que vayamos nosotros a tomar una decisión a la ligera o anticiparnos y sacar esta especie de la categoría de riesgo”.

El biólogo Armando Jaramillo, investigador del Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) y miembro del CIRVA, asegura que es imposible garantizar la reproducción de la vaquita en un periodo de 24 meses, pues se necesitan al menos 30 años para que ésta quede fuera de peligro.

Este acuerdo paralizará a dos comunidades pesqueras por dos años, el cual carece de un programa social sustentable y de una estrategia funcional para poder recuperar a futuro a las poblaciones de marsopa mexicana.