México haz algo

A unas cuantas semanas de cumplirse el plazo para que el gobierno estadounidense implemente sanciones económicas contra nuestro país, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el gobierno de Baja California Sur (BCS) fomentan un próximo embargo pesquero a causa de la suspensión inexplicable del Acuerdo de Área de Refugio para la Tortuga Caguama en el Golfo de Ulloa, el cual ya debería haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Debido a la elevada mortandad de tortugas caguama o amarilla (Caretta caretta) en el Pacífico norte, conducida por la pesca incidental, y a la amenaza del Departamento de Comercio de Estados Unidos de sancionar económicamente a México por no adoptar políticas y regulaciones de pesca comparables e igualmente efectivas a las que rigen la nación norteamericana, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sometió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el 9 de diciembre pasado un acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

Por lo anterior, durante el mes de febrero la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estableció que «debido a que el gobierno de México ha propuesto el establecimiento de una zona de refugio (para las tortugas caguama o amarilla) y demostrado el progreso hacia la adopción de un programa regulador de captura incidental, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS) está retrasando su certificación hasta mayo de 2015 para determinar si la regulación implementada es comparable en eficacia a relevantes medidas regulatorias de Estados Unidos».

Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), advirtió que las medidas que proponen la Conapesca y el gobierno de BCS no cumplen con los estándares ni son equiparables a las de EU para proteger a la tortuga caguama. De no publicarse de inmediato el área de refugio ya propuesta, EU no certificaría a México el próximo mes de mayo, aumentando sustancialmente el riesgo de embargo pesquero.

A pesar del compromiso internacional entre ambos países, la Conapesca y el gobierno de Baja California Sur detuvieron el proceso de publicación, lo que derivará en sanciones comerciales de alrededor de 400 millones de dólares, en contraposición a los acuerdos que sestablecidos en 2014 entre la NOAA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La propia cancillería ha participado en estas negociaciones y ha aceptado que «una certificación negativa sobre las actividades pesqueras en México podría implicar la pérdida de acceso a puertos estadounidenses para embarcaciones pesqueras mexicanas, y podría derivar en restricciones a exportaciones pesqueras de nuestro país».

Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México, comentó que con la creación de la Ley General de Vida Silvestre en el año 2000, es obligación de Semarnat el manejo y conservación de las tortugas marinas, así como crear áreas de refugio para que sean protegidas. Afirmó que si la Conapesca desea arriesgar el medio de subsistencia de decenas de miles de pescadores mexicanos de ambos litorales insinuando que no procederá el embargo, será su decisión y negligencia. La Semarnat no debería seguirle el juego y mas bien tendría que decretar un área de refugio para salvaguardar el bienestar de esta especie en peligro de extinción, que se halla bajo su tutela, así como el bienestar económico de los pescadores mexicanos.

Por lo anterior, Cemda hizo un llamado urgente a las dependencias públicas mexicanas involucradas en el asunto para que logren acordar una protección real a la tortuga amarilla medinate un refugio que ya está listo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. El retrasar la protección de los quelonios conllevaría a una sanción unilateral y negativa por parte de Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano debe detener el embargo, concluyó Alanís Ortega.