México haz algo

El pasado 30 de marzo, Fernando Jiménez, uno de los representantes de la tribu Yaqui detenido desde septiembre de 2014 como represalia a su defensa por el derecho al agua, y llevado preso a la cárcel por un lapso que ha superado los siete meses, recibió la notificación mediante su abogado defensor que le había sido otorgado una sentencia favorable de amparo, la cual ordena al Juez Tercero en Materia Penal dictar auto de libertad por carecer de elementos para procesarlo.

La decisión judicial -que reconoce las violaciones a los derechos humanos de Jiménez Gutiérrez al ser emitido el auto de formal prisión- es un avance sustancial que debería dejarlo libre en las horas subsecuentes.

Fue en septiembre del año pasado cuando el gobierno de Sonora (encabezado por Guillermo Padrés) optó por detener a Mario Luna y Fernando Jiménez, representantes de la tribu yaqui, quienes fueron sometidos a un proceso irregular y remitidos a encarcelamiento por delitos carentes en su totalidad de sustento jurídico.

Mario y Fernando se han dedicado a la defensa activa de la Tribu en lo que respecta al caso de la construcción y operación irregular del Acueducto Independencia, que actualmente extrae agua del río Yaqui, lo que pone en riesgo inminente la prevalencia de este pueblo indígena.

Asimismo, en enero de 2015, Luna Romero recibió la notificación de sentencia favorable en materia de amparo, reconociendo que en la emisión del auto de formal prisión en su contra no fueron verificadas las pruebas presentadas en su defensa. No obstante, el Procurador de Justicia de Sonora tomó la decisión de ir en contra de la sentencia de amparo de Mario Luna, haciendo más larga su estancia en la cárcel, lo que resulta en un uso político lamentable por parte de esta autoridad.

Debido a estos sucesos, diversas organizaciones de la sociedad civil han pedido al gobierno de Sonora no seguir dilatando su liberación, pues se ha comprobado que no existen elementos en su contra, por lo que han firmado un comunicado a fin de que el Ministerio Público dé seguimiento al caso y para que la Procuraduría de Justicia de esa entidad libere a los voceros yaquis. También exigen que las autoridades judiciales sean prontas y expeditas en sus actuaciones, como lo marca la Ley.

Hasta el momento, son dos jueces federales los que ya se han pronunciado en favor de los indígenas.