México haz algo

Luego de que Eligio Soto López titular de la Procuraduría Agraria (PA) en Baja California Sur, se manifestara públicamente en contra de las organizaciones ambientalistas y sus integrantes, diferentes grupos expresaron su más profunda preocupación.

De acuerdo con un comunicado –firmado por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ProDESC), entre otros– esta declaratoria es discriminatoria y amenaza el trabajo de los defensores del derecho a un medio ambiente sano que trabajan en Baja California Sur.

Esto, toda vez que el titular de la PA busca la extinción de esta fuente laboral e intenta limitar la posibilidad de que efectivamente puedan trabajar.

Asimismo, se explica que las declaraciones van en contra de la dignidad; buscando ridiculizarlas, ofenderlas, demeritar su trabajo y degradarlas; así como imputarles la comisión de delitos, e incitando actos de odio en su contra.

Y es que, el pasado junio, al ser entrevistado sobre el proyecto de decreto a consulta de área natural protegida de las Sierras La Giganta y Guadalupe, Soto López mencionó que las organizaciones pretenden «obligar a las autoridades federales», «despojar» de tierras a núcleos agrarios, «afectar» 250 mil hectáreas, «obstaculizar el progreso de la entidad» y «beneficiarse» con «dividendos millonarios», entre otros señalamientos.

Debido a estas declaraciones infundadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió una queja solicitando se avoque a la investigación de los hechos y la determinación de las responsabilidades.

La autoridad debe hacerse responsable de sus manifestaciones en contra de las organizaciones y sus integrantes, y en el fomento activo de una campaña en su contra que ha incurrido en violaciones a sus derechos humanos al contravenir la garantía de igualdad y no discriminación contenida en la Constitución, ya que resultan excluyentes, restrictivas, irracionales y desproporcionadas. Igualmente, buscan obstaculizar, restringir y menoscabar el ejercicio de los derechos humanos y libertades entre los que destacan la libre asociación y la búsqueda de la protección del medio ambiente.

Además, las organizaciones firmantes hacen un llamado a Cruz López Aguilar, titular de la PA para que junto con Eligio Soto coadyuve en el proceso creación del área natural protegida de las sierras La Giganta y Guadalupe, informando debidamente a los ejidatarios y particulares sobre los beneficios que implicaría una declaratoria de este tipo y respetando a las organizaciones y a sus integrantes.

Otras de las organizaciones firmantes son Artículo 19, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Mesa de Mujeres de Cd Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Propuesta Cívica, JASS (Asociadas por lo Justo) y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Asimismo pueden mencionarse el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) en Chihuahua, El Barzón Chihuahua, Equipo Pueblo, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Gente Diversa de Baja California y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» y Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.