México haz algo

Por incumplir la normatividad jurídico-ambiental vigente, así como carecer de la autorización que en materia de impacto ambiental que un desarrollo de este tipo requiere, el proyecto Dragon Mart, ubicado en Cancún Quintana Roo, fue multado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con más de siete millones de pesos.

Esta atinada y contundente resolución es apoyada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) y confirma lo que el Cemda había señalado insistentemente durante los últimos dos años, que el proyecto Dragon Mart debía someter ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la Manifestación de Impacto Ambiental correspondiente, pues contemplaba, entre otras situaciones, afectaciones en zona de humedales, así como en ecosistemas costeros.

«La multa y las condiciones impuestas por la Profepa al desarrollo Dragon Mart reafirman la voluntad y convicción de las organizaciones de la sociedad civil de seguir trabajando dentro del marco institucional para hacer cumplir y fortalecer el Estado de Derecho y la legalidad en materia ambiental. Se trata de que haya crecimiento, desarrollo, inversión y creación de empleos dentro del marco de la ley», señaló Gustavo Alanís Ortega, director general y fundador del Cemda.

Asimismo, precisó que este tipo de acciones por parte de la autoridad son fundamentales para que los inversionistas tomen con seriedad el respeto al capital natural de México y se obliguen a que sus proyectos cumplan en todo momento con la legislación ambiental vigente.

Y es que, según apunta Alanís Ortega, ésta es la única forma de promover el desarrollo en un marco de certidumbre y con visión de sustentabilidad.

Debido a que el resolutivo de la Profepa reconoce que el proyecto requiere de una autorización de impacto ambiental a nivel federal, así como del cambio de uso de suelo forestal, Cemda hace un llamado a la Semarnat para que, en el caso en el que el promotor del desarrollo lo someta a la evaluación, dicha autoridad actúe en el marco de sus facultades y obligaciones, valorando cada uno de los aspectos del proyecto y los posibles impactos podría ocasionar a los ecosistemas de la región.