México haz algo

El pasado viernes 8 de mayo se cumplieron dos años del fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la Autorización de Impacto Ambiental (AIA), que había sido otorgada para construir y poner en operación el Acueducto Independencia en el estado de Sonora, donde también se ordenaba la realización de una Consulta a la Tribu Yaqui. De demostrarse un daño «irreparable» a este pueblo indígena, sería suspendida a la brevedad la operación de dicho acueducto. Al acuerdo pactado entre ambas partes no se le ha dado cumplimiento hasta el día de hoy, ya que la obra permanece operando ilegalmente y los derechos de los Yaquis siguen siendo violados.

Por lo anterior, el proceso de consulta a la Tribu Yaqui está suspendido sin que se vislumbren las condiciones para que sea retomado. Esto ha desembocado en diversos hechos, entre los que destacan:

• SEMARNAT no ha dado la información completa solicitada por la Tribu Yaqui en octubre de 2013.
• Dos miembros de la tribu Yaqui fueron encarcelados desde septiembre de 2014, acusados de delitos que no cometieron.
• El Poder Judicial de la Federación amparó a ambos defensores de la Tribu Yaqui, reconociendo las irregularidades del proceso penal. En el caso de Fernando Jiménez Gutiérrez, el Juez Federal ordenó su libertad inmediata.
• Otros defensores de la Tribu Yaqui han sido objeto de amenazas, hostigamientos y criminalización por reclamar su derecho al agua.
• El Acueducto Independencia aún opera privando del vital líquido a la Tribu Yaqui, causándoles daños graves e irreparables como lo ha estipulado el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Con base en lo anterior, diversas organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado en el que urgen a las distintas instancias del Estado mexicano a que se responsabilicen en el caso, para hacer cumplir la ley de inmediato, y para que acaten el mandato de la SCJN. En el comunicado se lee lo siguiente:

• A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -incluyendo las instituciones dependientes de la misma: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Comisión Nacional del Agua (Conagua)- se le insta a suspender de inmediato la operación del Acueducto Independencia y continuar con la entrega de la información solicitada a fin de que la Tribu cuente con elementos suficientes para tomar una decisión libre e informada, de acuerdo con a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo que establecen los acuerdos internacionales firmados por México en la materia.
• Al Gobierno del Estado de Sonora se le insta a detener la criminalización de los defensores ambientales de la Tribu Yaqui, y a eliminar los obstáculos para la liberación de los defensores de derechos humanos Mario Luna y Fernando Jiménez.
• Al Poder Judicial de la Federación se le urge a impartir justicia pronta y expedita tanto en el caso de la operación irregular del Acueducto, como del proceso judicial que se le sigue a Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo, defensores ambientales e integrantes de la Tribu Yaqui.

Cabe destacar que el Gobierno de Sonora presentó en 2010 el proyecto Sonora Sistema Integral (Sonora Sí) sin dar informes ni consulta a la Tribu Yaqui. En éste se proponían diversas obras hidráulicas para abastecer de agua a varias ciudades de la entidad, entre las que figuraba el acueducto Independencia, que desde el Río Yaqui transporta agua hasta la ciudad de Hermosillo.

El Acueducto opera violando el artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo que causa un daño irreparable e irreversible a la Tribu, y ha sido constatado con el «Peritaje antropológico respecto al impacto social por la operación del Acueducto Independencia», elaborado por la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Que el Gobierno de Sonora insista en continuar con la operación irregular del Acueducto Independencia, más la decisión de CONAGUA y SEMARNAT de permitir estas acciones ilegales, aunado lo anterior al caso omiso del Gobierno Federal y del Poder Judicial, ha dado lugar a enormes costos políticos, económicos y sociales tanto para la Tribu Yaqui, como para el estado de Sonora y para México, pues este caso ha captado las miradas del ámbito internacional, ya que es un claro referente de criminalización de los defensores ambientales y de la falta de cumplimiento de la ley en nuestro país.